Reseña
Desde la mitad del siglo pasado, la pérdida de
cobertura boscosa ha sido una dinámica permanente
en Guatemala que se ha acelerado a lo largo de
cada década. Para el 2016, el 33?% del territorio
de Guatemala contaba con cobertura boscosa,
de la cual el 51.4?% se ubicaba dentro de áreas
protegidas y un 48.6?% fuera de estas. Para el periodo
2010-2016, la deforestación anual bruta representó
123 066 hectáreas, con una tasa anual de 3.3?%. Para
el mismo periodo, se registró una pérdida bruta de
39 478 hectáreas anuales dentro de áreas legalmente
protegidas, dato que representa el 32?% de la
deforestación bruta nacional anual y una tasa de
deforestación bruta anual del 2?% en las áreas protegidas.
Las fuerzas impulsoras de la deforestación están
ligadas a la presión que ejerce la economía sobre los
espacios naturales, especialmente la que se relaciona
con la expansión de la agricultura de exportación de
gran escala. Se suman otras causas, como la ganadería
extensiva, el crecimiento de la agricultura de pequeña
escala, los incendios forestales y el urbanismo. Algunas
de estas presiones se expresan en los territorios en
completa armonía con la narcoactividad.
La ejecución de las políticas vigentes en materia de
gestión de recursos naturales continúa bajo un escenario
de escasez de recursos financieros, por lo que las
inversiones para la conservación de estos resultan
insuficientes para detener las fuerzas impulsoras
y las presiones que determinan su deterioro. Esta
insuficiencia de recursos y de capacidades se explica por
la prevalencia de un orden político-económico en el que la
gestión ambiental se continúa marginando. Por lo tanto,
es necesario concretar un acuerdo político nacional para
fomentar la estabilidad socioambiental requerida para
asegurar la continuidad de la vida en todas sus formas.